Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la cooperación descentralizada:

Reivindicaciones de las ONGD para la legislatura 2019-2023

En septiembre de 2015, los 193 miembros de las Naciones Unidas adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esta está organizada en torno a cinco ejes: el planeta, las personas, la prosperidad, la paz y las alianzas. Representa una oportunidad única para transformar el modelo de desarrollo económico, social y medioambiental para que sea sostenible, equitativo e inclusivo.

Destacan cinco aspectos esenciales:

  • Su carácter medioambiental. Es la primera vez que en una agenda internacional se conecta de manera central las cuestiones de desarrollo con las ambientales acompasando agenda social y medioambiental.
  • La centralidad de la desigualdad. La desigualdad entre países y dentro de cada país, y en sus tres dimensiones: económica, social y política. Se hace hincapié en las múltiples desigualdades de género y la necesidad de empoderamiento de las mujeres y niñas como cruciales para alcanzar todos los objetivos y metas.
  • El ser multiactor y multinivel. Es una agenda firmada por los Estados, responsables últimos de su impulso y consecución, aunque esta requiere la implicación de regiones y municipios, y el papel activo de sociedad civil.
  • La necesidad de políticas coherentes con el desarrollo sostenible. Esto obliga a una revisión de todas las políticas para su alineamiento con la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la insostenibilidad.
  • Su universalidad. Esto implica que las metas acordadas son para todos los países y que todos los países deben involucrarse en su consecución, tanto en lo doméstico como en el ámbito internacional, para no dejar a nadie atrás.

De la universalidad de la Agenda se derivan además dos importantes implicaciones.

En primer lugar, no hay ningún país sin responsabilidades en los desafíos del desarrollo; Y además es necesario una mirada que lleve a avanzar en la coherencia entre las políticas públicas domésticas de cada país y aquellas de dimensión más internacional.

Para ello es necesario: reforzar la cooperación internacional (Meta 17.2: velar por que los países desarrollados cumplan plenamente sus compromisos en relación con la asistencia oficial para el desarrollo, incluido el compromiso de numerosos países desarrollados de alcanzar el objetivo de destinar el 0,7% del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de los países en desarrollo y entre el 0,15% y el 0,20% del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de los países menos adelantados); revisar las políticas públicas que tienen un impacto negativo en las condiciones de sostenibilidad de otros países, y respondiendo a una visión multidimensional de la agenda que incorpore retos medioambientales y en materia de derechos humanos; contribuir positivamente a las soluciones de los “asuntos globales sistémicos” como el cambio climático, las migraciones, avance de los derechos humanos, la lucha contra los paraísos fiscales, etc.

La cooperación descentralizada en el marco de la agenda 2030

La cooperación para el desarrollo es un compromiso internacional histórico y una obligación en materia de derechos humanos que puede ayudar a garantizar el principio de “no dejar a nadie atrás”.

Las políticas de ámbito autonómico y local están, generalmente, más en contacto con las prioridades de la ciudadanía y de sus intereses directos. Además, canalizan sus inquietudes y propuestas en un entorno de decisiones estatales.

La cooperación descentralizada tiene un valor específico que se caracteriza por:

Su cercanía a la ciudadanía, lo que facilita su participación en la construcción de la política pública de cooperación al desarrollo, y su implicación en asuntos globales de la agenda de desarrollo sostenible.

Su apoyo a proyectos de promoción del desarrollo local que atienden mejor las prioridades de la ciudadanía y sus intereses directos.

Su impulso a procesos de democracia en los países socios que facilitan la participación de la ciudadanía en sus políticas y estrategias de desarrollo.

Su distanciamiento de muchas de las lógicas de acción exterior, pudiendo así ser más coherente con el desarrollo sostenible.

Demandas para una cooperación descentralizada transformadora, en el marco de la Agenda 2030

La puesta en marcha de la Agenda requiere la creación de una estructura de gobernanza y de seguimiento al más alto nivel y dotada de los recursos humanos y económicos suficientes.

En ésta han de evaluarse el conjunto de políticas públicas para que, desde una visión integral coherente con el desarrollo sostenible y con los derechos humanos, puedan orientarse hacia el cumplimiento de la agenda.

La cooperación descentralizada, como parte de ese conjunto de políticas, es central en la implementación de la dimensión internacional y holística de la Agenda 2030 ya que reúne un ámbito muy amplio de administraciones – gobiernos autonómicos, alcaldías, diputaciones, municipalidades, etc. –. La política de cooperación, como parte de ese conjunto más amplio, tiene que recoger como mínimo los siguientes lineamientos a fin de ser coherente y contribuir a los ODS.

Estas seis demandas han sido consensuadas por la Red de Coordinadoras Autonómicas de ONGD, que agrupan a más de 450 organizaciones de las 17 comunidades autónomas. En este caso, se ha tenido en cuenta y por ello se ha adaptado, al contexto de la Cooperación en la Región de Murcia.

PROPUESTAS ELECTORALES A NIVEL AUTONÓMICO Y MUNICIPAL

1.- Ser asumida en todos los niveles del Estado de la Comunidad Autónoma como una política pública estable dotada de recursos técnicos-económicos suficientes.

Se ha de garantizar así una política de cooperación transformadora a medio y largo plazo, al margen de cambios electorales.
Dada la actual situación en la que se encuentra la Región de Murcia en la dotación de presupuesto para Cooperación Internacional para el Desarrollo, siendo ésta de las últimas de España en su esfuerzo, y con el fin cumplir con el compromiso del 0,7 del PIB y de contribuir a recuperar el tiempo perdido en el camino hacia la Agenda 2030 y poder llegar a consensos razonables, proponemos:

  • Poner en marcha la Ley Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, desarrollando las obligaciones que tiene atribuidas por la misma el Gobierno de la Región de Murcia.
  • Incrementar gradualmente el presupuesto destinado a las políticas de cooperación, marcando como objetivo alcanzar el 0,7% del presupuesto antes de 2030, y al menos el 0,4% al final de las distintas legislaturas para aquellas administraciones por debajo de este porcentaje.
  • Elaborar planificaciones plurianuales que garanticen la coordinación entre diferentes niveles de las administraciones públicas y encaminadas a cumplir este objetivo.
  • Dotar a las diferentes administraciones de personal técnico formado y estable, fortaleciendo la Dirección General de Acción Exterior, Unión Europea y Cooperación y a las concejalías de Cooperación de más personal y fondos, para que esta política desarrolle correctamente su trabajo.
  • Impulsar la derogación la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
  • Garantizar sobre el total de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) porcentajes suficientes y adecuados para los Países Menos Adelantados; Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global; Género; y Ayuda Humanitaria.

2.- Impulsar la Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible.

La acción de los gobiernos en ninguno de sus niveles administrativos puede ser cómplice de las violaciones de derechos humanos o perpetrar violaciones de derechos humanos. Pedimos:

  • Apostar por ejercer liderazgos positivos en la gobernanza de los asuntos globales, como el comercio de armas, las políticas de migración y refugio, la fiscalidad internacional, el papel de las empresas transnacionales, la política climática, etc.Elaborar una estrategia de Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible a nivel autonómico y municipal, con indicadores claros y que incluya la acción de los gobiernos.
  • Promover y establecer la compra pública ética, el comercio justo y el consumo responsable a través de un programa de política coherente e integral para la adopción de criterios y mecanismos de compra pública ética y el consumo de productos de comercio justo en las instituciones públicas, de ámbito regional y municipal. Además, apoyar y financiar acciones educativas y de sensibilización alrededor del comercio justo y el consumo responsable.
  • Impulsar una fiscalidad justa, suficiente

3.- Garantizar la participación efectiva de las ONG en las políticas de cooperación y reconocer el papel de las Coordinadoras Autonómicas de ONGD como entidades representativas del sector.

Las Coordinadoras Autonómicas son representantes de una parte importante de la ciudadanía y aportan conocimientos y experiencia especializada sobre la materia. El papel de la sociedad civil de los distintos países es fundamental para impulsar el avance de las políticas públicas. La cercanía con las personas que más sufren las consecuencias de la pobreza y de las desigualdades aquí y allí es un hecho diferencial y que reconoce la importancia de la labor de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en la lucha contra sus causas.

Pedimos:

  • Garantizar una representación cualificada en los órganos de decisión como los Consejos de Cooperación tanto a nivel autonómico como municipal, y asegurar una financiación suficiente para las Coordinadoras Autonómicas como entidades representativas.
  • Se pongan en marcha los Consejos Municipales de Cooperación Internacional allá donde esté órgano no exista, y dotarlos de herramientas concretas y capacidad de acción, a nivel municipal para que de verdad cumplan la función que tienen encomendada: el seguimiento de las políticas de cooperación al desarrollo llevadas a cabo por dicha institución y el asesoramiento, por parte de las ONGD que lo compongan, para contribuir a una Cooperación al Desarrollo de calidad y consenso.
  • Impulsar la participación real, equitativa y efectiva de la sociedad civil en el diseño, implementación, seguimiento y rendición de cuentas de la política de cooperación.
  • Apoyar a las organizaciones de sociedad civil en países de destino para que ejerzan adecuadamente su papel de monitoreo, vigilancia, fiscalización e incidencia social para el cumplimiento de los derechos humanos.
  • Se respete el marco jurídico que protege y promueve el trabajo de las organizaciones sociales, apoyando las actividades que realizamos las ONGD de cooperación internacional en nuestra Región, y que se dedican a trasladar la ayuda y la solidaridad de Murcia a las personas que más lo necesitan en los países más pobres y a sensibilizar y educar, a hacer presentes las causas de la pobreza, la desigualdad y los valores sociales en la Región.

4.- Impulsar medidas encaminadas al empoderamiento de las mujeres en la defensa de sus derechos y hacia la equidad de género en los ámbitos económico, social y político.

Pedimos:

  • Establecer marcos legales que garanticen a las mujeres acceso a la educación, a un trabajo decente y a una atención médica, con especial incidencia en la salud sexual y reproductiva.
  • Desarrollar planes específicos de educación y protección destinados a eliminar todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres y las niñas en los ámbitos públicos y privados, incluidas la trata y la explotación sexual, y la puesta en marcha de acciones positivas que reconozcan y valoren los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado.
  • Construir indicadores que evalúen cuantitativamente el empoderamiento de las mujeres y que se apoye a las organizaciones de mujeres que trabajan en la construcción de liderazgos feministas.

5.- Dotar a la Acción Humanitaria de recursos suficientes y mecanismos adecuados.

En un contexto internacional en el que la cantidad y violencia de los desastres naturales aumenta cada año, donde persisten más de 30 conflictos armados, muchos de ellos olvidados, o donde la generación de mecanismos de resiliencia resulta una tarea cada vez más urgente, la Acción Humanitaria también ha de ser uno de los componentes destacados de la cooperación.

Pedimos:

  • Convocatorias periódicas destinadas a prevención, mitigación, reparación y/o reconstrucción para situaciones humanitarias, conocidas como Acción Humanitaria no de emergencia.
  • Incrementar las partidas de Ayuda Humanitaria para atender situaciones de emergencia y catástrofes en colaboración y a propuesta de las ONGD especializadas de la Región de Murcia con el fin de intervenir ante estas situaciones y de sensibilizar y visibilizar el trabajo humanitario en la Región.
  • Crear mecanismos de respuesta rápida, diferenciados de los fondos de acción humanitaria regulares. En todos los casos han de suponer fondos adicionales a los destinados dentro del total de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD).
  • Priorizar la coordinación, de acuerdo con los criterios de Estambul sobre la Acción Humanitaria (2016), con las organizaciones locales en los países destino.
  • Asegurar que los fondos de Acción Humanitaria no se desvían para la externalización de fronteras o para la atención de personas refugiadas, más allá de lo aceptado por el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD).

6.- Promover la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global (EpDCG)

para contribuir a la construcción de una ciudadanía global crítica y activa que actúe a favor de la justicia social y la equidad en el mundo. La cooperación descentralizada y local debe ser la principal impulsora de la EpDCG, una herramienta fundamental para la transformación social.

Pedimos:

  • Desarrollar y mejorar, en su caso, las estrategias de EpDCG y los instrumentos de coordinación entre los diferentes actores.
  • Orientar la acción en EpDCG en estos cinco ejes de acción: sensibilización, formación, investigación, movilización social e incidencia política.
  • Coordinación con las Consejerías de Educación para que se incluya la EpDCG en los currículos educativos formales.
  • Crear programas de formación específica para profesorado, tanto en la universidad como en la escuela, sobre la interconexión e interdependencia de los retos globales y el papel de la ciudadanía en este sentido.
  • Derecho de Acceso a los Medios de Comunicación Públicos por parte de la sociedad civil con el fin de garantizar en la programación de radios y televisiones públicas la pluralidad social, ideológica y cultural de la sociedad murciana.