Declaración final del XIII Encuentro Anual de la Red de Coordinadoras Autonómicas de ONGD

 En Comunicados, General

Las y los representantes de las Coordinadoras Autonómicas de ONGD, reunidas en Burgos, para analizar la situación de la Cooperación y la Educación para el Desarrollo en las comunidades y municipios del estado español, acuerdan exigir que los gobiernos autonómicos, locales, así como el nuevo gobierno estatal (al actual y al que sea elegido en las próximas elecciones) la recuperación inmediata de las Políticas de Cooperación como instrumentos de solidaridad internacional, que contribuyan a una buena gestión de los bienes públicos globales y que sean garantes e impulsen la participación ciudadana y de las ONGD, elementos imprescindibles en la construcción de una sociedad más justa, equitativa y solidaria desde las realidad local.

 

DECLARACIÓN FINAL DEL XIII ENCUENTRO ANUAL DE LA
RED DE COORDINADORAS AUTONÓMICAS DE ONGD,
CELEBRADO EN BURGOS ENTRE EL 27 Y EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2015

Hace unos meses elegimos a las personas que iban a gobernar nuestras ciudades, pueblos y gran parte de nuestros gobiernos autonómicos. En unas semanas elegiremos el gobierno estatal, en un momento en el que muchas personas y organizaciones reclamamos, más que nunca, claridad en las propuestas de políticas sociales inclusivas con toda la ciudadanía, así como la recuperación de los derechos sociales y políticos arrebatados por el actual gobierno en los últimos años.

Desde las ONG de Desarrollo, y las coordinadoras autonómicas, es un imperativo recuperar la cooperación al desarrollo como herramienta para afianzar la solidaridad internacional, y romper con la desigualdad y la injusticia que el actual sistema neoliberal y patriarcal provoca. Debemos ampliar la mirada, transformar la política, generar procesos de transformación para que los Derechos Humanos, y su efectivo ejercicio, sean el marco fundamental que rija el nuevo modelo social, económico y ecológico. Sus principios de igualdad y no discriminación, de participación y empoderamiento, de atención prioritaria a los colectivos en situación de mayor vulnerabilidad proporcionan un marco de comprensión amplio y jerarquizado sobre qué necesidades han de ser atendidas, y son una obligación de los Estados. Esto implica que las personas migrantes y refugiadas accedan a los mismos derechos que el resto de ciudadanía.

La ciudadanía con una perspectiva global, y en las dimensiones personal, organizacional y desde el trabajo en red, debemos ser conscientes de nuestra capacidad de transformación de una sociedad y de un sistema que no nos gusta, porque sigue generando desigualdades cada vez mayores y perjudiciales para las personas y para el planeta.

Por todo ello manifestamos:

  1. La necesidad de redefinir los conceptos de desarrollo y de solidaridad, desde la evaluación crítica de los pírricos resultados conseguidos en la lucha contra la pobreza y las desigualdades por parte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, para ello se hace imprescindible la experiencia, trayectoria y reflexiones de las ONGD y la sociedad civil.
  2. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pueden y deben ser una nueva oportunidad para la lucha contra la pobreza y las desigualdades de todo tipo y la insostenibilidad que supone las dinámicas económicas y políticas que imperan.
  3. El trabajo en red de las ONGD y los Movimientos Sociales es imprescindible para mejorar nuestras capacidades desde la colaboración y la suma de esfuerzos comunes, especialmente para conectar con mayor eficiencia con la ciudadanía y aumentar la interlocución con las administraciones públicas y articular nuestras demandas con el objeto de consensuar las políticas sociales de cooperación en cada territorio.
  4. La educación para la ciudadanía global y para la transformación es fundamental para construirnos como ciudadanía implicada desde lo local a lo global.

En un contexto de desmantelamiento de las políticas sociales a nivel autonómico y local, especialmente de la política de Cooperación (que ha sufrido un 70% de recorte desde 2008), exigimos a los gobiernos autonómicos y locales así como a los partidos políticos que se presentan a las próximas elecciones generales:

  1. Reconocer e impulsar la política de Cooperación como una política social pública, previsible, transparente, al margen de la lucha partidista. Orientada a la lucha contra la pobreza y la desigualdad, especialmente la de género y al impulso de una conciencia ciudadana crítica y solidaria y con una dotación presupuestaria que responda al compromiso internacional del 0,7% del PIB y suponga un compromiso firme en la defensa de los Derechos Humanos en todo el mundo.
  2. Derogar la reforma local impulsada por la Ley 27/2013 y que dificulta que las administraciones municipales puedan garantizar el pleno ejercicio de los derechos a todas las personas, el fortalecimiento de la Democracia desde el nivel local mediante la transparencia y la participación ciudadana. Por este motivo demandamos a los partidos que rechacen de forma contundente.
  3. Impulsar la Coherencia de Políticas para el Desarrollo en el conjunto de la acción de gobierno, para abordar desde un enfoque causal la lucha contra la pobreza y la desigualdad, y la defensa de un medio ambiente sostenible. En este sentido, promover el establecimiento de cláusulas sociales en la contratación pública y la definición de criterios de Compra Pública Ética, entre otros, el consumo de los productos de Comercio Justo, la Banca Ética y la Economía Solidaria y Alternativa. Así mismo impulsar una políticas internacionales que respondan a los principios y valores de la cooperación.
  4. Respetar y favorecer la participación real, equitativa y efectiva de la sociedad en el diseño, implementación, seguimiento y rendición de cuentas de la política de Cooperación, mejorando el funcionamiento y representatividad de los Consejos de Cooperación para que se conviertan en verdaderos órganos de decisión ciudadana. Todo ello desde el respeto institucional a las ONGD y a las Coordinadoras Autonómicas y Estatal como interlocutoras principales.
  5. Establecer mecanismos para profundizar en la complementariedad y el valor diferencial de la política de Cooperación de las Comunidades Autónomas y Entes Locales, respecto a la que realiza el MAEC. Fomentar la coordinación de las políticas de Cooperación entre los actores locales, autonómicos y el MAEC, especialmente en materia de Acción Humanitaria. Asi mismo mejorar las capacidades técnicas y mecanismos de gestión, de los órganos encargados de la política de Cooperación, dotarlos de competencias políticas, recursos económicos, medios técnicos suficientes y adecuados, así como de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

Para finalizar como ciudadanía comprometida entendemos la pobreza como una grave violación de los derechos humanos y reafirmamos nuestra intención de seguir trabajando por su erradicación, la vida digna, plena y con derechos humanos.

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